Financial Times, 4 abril 2003 (recorte traducido del inglés)

Ojo con los promotores
Por Leslie Crawford
Publicado: 4 abril 2003

De Valencia sale una historia cautelar para todas aquellas personas que sueñan con algún día tener una vivienda de vacaciones o para jubilarse al lado del mediterráneo.
Miles de propietarios que viven en zonas rurales – tanto españoles como extranjeros – se enfrentan a la posibilidad de una expropiación o de tener que pagar precios de extorsión, o ambos, para la “urbanización" de sus terrenos. Esto tiene su origen en una ley que concede enorme poder a los urbanizadores sin apenas respetar los derechos de los propietarios de viviendas a recurrir cuando se encuentran en una zona que ha sido reclasificada para la ordenación urbanística.
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Las actividades depredadoras de los llamados urbanizadores de Valencia – especuladores urbanos desfrazados – acontecen en medio del mayor boom en la construcción de viviendas en la historia de España.
Charles Svoboda, un diplomático canadiense jubilado, se dio cuenta por primera vez de las actividades de los urbanizadores el año pasado. Cuenta que “Observamos a un par de hombres que estaban andando en la finca de un vecino, y cuando les pregunté que estaban haciendo, dijeron que estaban realizando un estudio topográfico”e.
Al visitar el ayuntamiento local de Benissa, en la provincia de Alicante, se revelaron sus verdaderos propósitos. Las fincas de Svoboda y de sus vecinos iban a incluirse en un plan de ordenación urbana.
En teoría, es preceptivo avisar a los propietarios de los planes de ordenación en la zona, pero según lo expresa un diplomático británico: “Hay cierta falta de diligencia a la hora de realizar las notificaciones”. Una vez que los propietarios hayan sido teóricamente notificados, tienen sólo 15 días hábiles para presentar alegaciones o un plan de ordenación alternativo.
A menudo se rechacen los planes alternativos que proponen los propietarios. Esto se debe principalmente a la conivencia entre las autoridades municipales y los promotores, que se encargan de recompensar debidamente a los los concejales su colaboración.
Una vez que el ayuntamiento haya declarado que el plan de ordenación es un “bien público”, se puede derribar viviendas, expropiar fincas y presentar a los propietarios facturas del orden de €60.000 a €260.000 para pagar la provisión de calles, alcantarillas, agua y electricidad.
…Sin embargo, cuando llegó a ser evidente que los promotores estaban abusando sistemáticamente de las leyes de ordenación urbana de Valencia, en primer lugar los extranjeros y después cada vez más los españoles, empezaban a resistir.
En octubre, Svoboda fundó Abusos Urbanísticos No (No to Urban Abuses) – que ahora cuenta con 7.000 miembros y tiene su propia página web (http://www.abusos-no.org/) que ofrece información en inglés, francés, alemán, holandés y español.
A consecuencia de sus esfuerzos, 17 embajadores han protestado del atropello de los derechos de la propiedad a la administración regional de Valencia. Los 17 incluyen 13 de la Unión Europea y los embajadores de Suiza, Canadá, Noruega y Polonia.
“La ley fue redactada para luchar contra los especuladores que bloqueaban el desarrollo urbano al conservar sin urbanizar las tierras alrededor de los municipios costeros”, dice un diplomático del Reino Unido. Permitió a los ayuntamientos aprobar planes de ordenación sin el consentimiento ni el conocimiento de los propietarios afectados por estos planes. La ley también permitió a los urbanizadores promover planes sin haber comprado los terrenos incluidos en el plan”.
“Lo que ha sucedido”, continúa el diplomático, “es que los mismo especuladores han descubierto como pueden utilizar la ley para su propio beneficio. Los pequeños propietarios son blancos de tiro. No hay ninguna normativa que regula cuánto se les puede cobrar por los gastos urbanísticos exigidos, ni qué compensación deben recibir en el caso de ser expropiadas sus fincas”.
Svoboda tiene previsto seguir presionando. Abusos Urbanísticos No está recaudando fondos para establecer un “fondo de guerra” para financiar un lobby dirigido al Parlamento Europeo y para recurrir la ley del suelo de Valencia ante el Tribunal Constitucional de España y, posiblemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se teme que los abusos observados en Valencia puedan propagarse a otros lugares en España.
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“La ley ha demostrado ser una fuente de ingresos excelente para los promotores y los ayuntamientos municipales en bancarrota, que ha motivado su emulación en otros lugares de España”, advierte un diplomático. ¿Qué aconsejaría a los compradores extranjeros? Contrate un abogado bueno e independiente … Ten especial cuidado cuando compra en zonas rurales y “enorme cautela” al ejercer la necesaria vigilancia. De otra manera, la casa de sus sueños podría convertirse en una pesadilla.


La experiencia de los vecinos de Los Santos de la Humosa y decenas de municipios de la Comunidad de Madrid indica que los promotores madrileños han asimilado todas las lecciones de sus colegas en el litoral .